La ley tiene dos pilares básicos. Se limitará la actualización anual del alquiler, dejando de poder indexarlo al IPC e introduciendo un nuevo índice creado por el INE, el cual a pesar de que no existe, ya se sabe que será siempre inferior al IPC. 

Esta medida se traduce en una pérdida en términos reales de los ingresos del propietario, la cual será acumulativa año tras año, ya que la diferencia entre ambos índices será cada vez mayor.

Además, se regulará el precio por alquiler en zonas tensionadas para nuevos alquileres. El nuevo tope al que el propietario pueda cobrar el alquiler al nuevo inquilino será como máximo del alquiler del inquilino anterior más el aumento del nuevo índice.

Por un lado, los pequeños propietarios podrán esquivar esta medida aumentado desde ya el precio por alquiler, para poder rentabilizar financieramente la inversión, mientras que los grandes propietarios no podrán hacerlo, al tener limitaciones a la hora de estipular el nuevo precio.

Por otro lado, basándome en casos como el de Berlín o el de París, las limitaciones de precios en el alquiler acaban fomentando el mercado de alquileres no declarados, donde el inquilino y el propietario acaban acordando directamente las condiciones.

Los propietarios tendrán mayores obligaciones, al tener que hacerse cargo de ciertos gastos como las comisiones de las inmobiliarias, el impuesto de basuras o gastos de comunidad.

Esta medida implica que sea menos atractivo el mercado de alquiler para los potenciales arrendadores disminuyendo la cantidad de pisos en alquiler.